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¿A qué viene por lo mismo la escalofriante “réplica” de la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, en el sentido de que deben evitarse “declaraciones estridentes” en materia de seguridad, “porque entrar en esa secuela puede llevar a extremos, como pedir la salida de todos, muy dañinos para la democracia”?
¿“Estridente” Alejandro Martí o siquiera una de sus palabras?
El coordinador de la bancada priista en el senado, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que los efectos que está teniendo la delincuencia organizada que actúa de manera impune en el país, es algo parecido al terrorismo que sufrieron los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 y aún cuando no es un referente, “necesitamos atajarla y erradicarla de golpe”, apuntó.
Manifestó que las autoridades estadunidenses admitieron en ese tiempo su vulnerabilidad ante el terrorismo por lo que llevaron novedosas implementaciones en materia de instrumento de justicia que le permitieron hacer un ley “patriótica para enfrentarlo” y a este respecto, el gobierno de Felipe Calderón tiene que utilizar instrumentos jurídicos, legales y sólidos y por ello, el PRI aprobó las reformas constitucionales para darle mayores atribuciones, mismas que fueron polémicas e impugnadas porque se decía que conculcaban las garantías individuales, y entonces no puede alegar el gobierno federal que no tiene los instrumentos suficientes para poder presentar mejores resultados a la sociedad en el combate a la delincuencia organizada.
Sin embargo, una sociedad agredida por la violencia de los narcos, por la incompetencia del gobierno aguilarista para sofrenar ese azote, por la institucionalización de la violación a las garantías constitucionales como política de Estado, ¿qué razones tiene para participar en un pacto convocado desde las alturas del poder? ¿cómo justificar que las autoridades pretendan, para salvar sus prerrogativas, arrojar a los ciudadanos en manos de los criminales? ¿cómo con el dispendio grosero e impune, con el influyentismo y el abuso de poder, con las relaciones peligrosas de políticos y hampa? ¿cómo con la permanente falta de transparencia y la distorsión de las leyes para satisfacción de intereses personales y de grupo?
Por confesión expresa de Jesús Aguilar Padilla, y por sentido común, en Sinaloa se ha roto el pacto originario Sociedad-Estado.